Así se desprende de reclamo que el "sindicato" que los representa ha hecho a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. El gremio está bajo la órbita de Hugo Yasky, dirigente de la CTA "oficial". Mientras los jubilados apenas llegan a los 2400 pesos mensuales.
Uno no puede menos que sentir vergüenza ajena cuando lee noticias que rayan la felonía. Esta que se rescata de Facebook es una clara muestra de ello. Los usuarios se preguntan asombrados como es posible que en este país los presos tengan su gremio y cobren 3600 pesos por mes que es ni más ni menos que el 50 por ciento más de lo que cobra un jubilado nuestro.
Rápidamente llegan a la conclusión irónica: conviene más ser un delincuente, ir a la cárcel donde el Estado los alimenta (gratis) y además les paga un sueldo que es la envidia al menos de la clase pasiva que ha trabajado honradamente toda su vida y percibe una magra jubilación.
Efectivamente, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad
Ambulatoria fue una iniciativa impulsada por internos del penal de Viedma. El
gremio está bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y amparado por la
CTA que conduce Yasky.
El SUTPLA ya funciona desde el 13 de julio de 2012, cuando
se firmó el acta fundacional del sindicato, amparado por la Central de
Trabajadores Argentinos que responde a Hugo Yasky y dentro de la órbita del
Servicio Penitenciario Federal.
La iniciativa, avalada también por el entonces director del Servicio
Penitenciario Federal, Víctor Hortel, apunta al “mejoramiento de las
condiciones socio-laborales de aquellos internos que trabajan en el interior de
los penales provinciales”.
“Se trata de la primera experiencia de creación de un
sindicato en un servicio penitenciario provincial”, destacaron representantes
del sector.
Este sindicato que ya ha sido presentando formalmente, tiene como secretario general a Rodrigo Díaz, y realizaron la
primera asamblea formal en la biblioteca del Complejo Penal N°1 de Viedma.
El sindicato ya efectuó sus primeros reclamos: el pago a
cada interno que trabaja en la cárcel del salario mínimo vital y móvil, fijado
en 3.600 pesos.
Además, reivindican
como reclamos sindicales “mejoras en las condiciones de trabajo, higiene y
seguridad, y la protección frente a riesgos laborales”.
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